El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), finalizó una extensa auditoría sobre mutuales y cooperativas. El relevamiento arrojó datos “sorprendentes”, según el adjetivo utilizado por un integrante de la Casa Rosada. Derivó, por ejemplo, en el retiro de la autorización para funcionar a 8.588 cooperativas y 673 mutuales. También se encuentran en proceso de suspensión operativa y sumarios otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales.
Estas organizaciones no solo deben presentar la documentación requerida, como los registros de asambleas, cambios de autoridades y rendición de cuentas de los subsidios que recibieron por parte del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, sino que también corren el riesgo de perder definitivamente su autorización.
Las cooperativas y organizaciones civiles fueron las grandes beneficiadas entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023, es decir, hasta la llegada al poder de La Libertad Avanza. Durante este período, recibieron de la administración Fernández $29.966.430.7266.000 de pesos. De ese total, $18.391.880.742 fueron otorgados a través de la Secretaría de Economía Popular, que conducía Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita. Los $11.574.549.984 del INAES. Las principales beneficiarias fueron cooperativas, mutuales y entidades civiles vinculadas a organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie.
Además, cada una de estas organizaciones tenía dirigentes que ocupaban cargos clave en el ex Ministerio de Desarrollo Social, el cual era responsable de derivar esos fondos a las entidades ligadas al kirchnerismo a través de tres programas: Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar. Solo ocho cooperativas, asociaciones y una federación de cooperativas de trabajo vinculadas a los movimientos que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista, recibieron alrededor de $5 mil millones.
En el ranking de las más beneficiadas con subsidios del Estado figuran:
** La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (1,2 mil millones de pesos) y la Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros (1,2 mil millones de pesos). Ambas forman parte del MTE y la CETEP referenciadas en Juan Grabois.
** La Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada. Forma parte del Movimiento Evita. Emilio Pérsico, su líder, fue el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Desde allí administraba el Potenciar Trabajo y firmaba parte de los convenios y subsidios que recibían los movimientos sociales, incluido el Evita.
** La Cooperativa de Trabajo el Fortín de Encarnación Limitada recibió subsidios por $651.824.359. Pertenece a la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Su líder es el ex diputado Juan Carlos Alderete quien formaba parte del bloque del Frente de Todos. De esa misma organización social forma parte la Federación de Cooperativas de Trabajo “René Salamanca-C.C.C Limitada”. Esta última recibió subsidios por $468.436.432.
** La Asociación Civil SER.CU.PO recibió giros por $639.245.356. Cumple el rol de unidad ejecutora de planes como el Potenciar Trabajo y está vinculada al Movimiento Evita.
** Somos Barrios de Pie, a través de la Asociación Civil Caminos de Tiza, recibió $305.277.990. El coordinador nacional de esa organización es Daniel Menéndez, actual funcionario del gobernador Axel Kicillof y ex subsecretario del ex ministerio de Desarrollo Social.
Pero eso no es todo. Una veintena de esas cooperativas, también ligadas al anterior oficialismo, fueron cerradas y sancionadas por estar involucradas en escandalosas causas judiciales, como la de los seguros o los “guardapolvos fantasma”, a través de las cuales se desviaron cientos de millones de pesos. Los tribunales también investigan un posible “lavado de dinero” a través de estas organizaciones.
El INAES detectó un “sorprendente crecimiento del 139% en el padrón de cooperativas en apenas cuatro años”, un hecho que puso en alerta al instituto. La cantidad de cooperativas registradas pasó de 9.978 en 2019 a 23.836 en 2023. A simple vista, esto parecía un signo positivo.
Sin embargo, la magnitud de este aumento —dominado casi por completo por cooperativas de trabajo, que representaron el 97% del crecimiento— desató una serie de investigaciones que revelaron un laberinto de irregularidades. Estas irregularidades no solo cuestionaron la legitimidad de muchas de estas organizaciones, sino que también llevaron al INAES a tomar medidas drásticas para reordenar el sector cooperativo y mutual.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nombró a Marcelo Collomb como titular del INAES, quien ordenó las auditorías sobre las cooperativas. Collomb no es un desconocido en la materia. Se desempeñó como Director de Normas y del Registro Nacional de las Entidades de la Economía Social y Solidaria. También fue presidente del INAES durante el período 2015-2019, cuando el organismo descentralizado estaba en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que en ese entonces era dirigido por Carolina Stanley.
Collomb reemplazó, a solicitud de Pettovello, a Alexandre Roig, un académico y político francés que también es dirigente del Movimiento Evita, la organización liderada por Pérsico, el ex secretario de Economía Social de la ex cartera de Desarrollo Social. Roig estaba a cargo del principal programa de esa repartición, el Potenciar Trabajo, después del Alimentar.
De ese programa se derivaron casi cinco mil millones de pesos a las cooperativas vinculadas. Por esa razón, primero la Coalición Cívica y después el Ministerio de Pettovello, denunciaron a Pérsico y Roig, entre otros ex funcionarios, por “estar de los dos lados del mostrador” y no controlar el destino de esos fondos estatales.
Al asumir la nueva gestión, el INAES se encontró con una situación que calificó de “preocupante”: 10.480 cooperativas habían sido suspendidas desde 2019 sin que se hubiera iniciado el sumario correspondiente para investigar sus casos. Por eso se denunció que “la inacción de gestiones anteriores dejó al descubierto un padrón inflado y, en gran medida, descontrolado”.
Esto, sumado a un análisis preliminar que mostró un grave incumplimiento en la presentación de documentación anual ordinaria, como asambleas y balances contables, evidenció “la necesidad urgente de un plan de acción”.
“El hecho del crecimiento del padrón, la falta de acción sobre las entidades suspendidas y el análisis preliminar del nivel de cumplimiento llevó a la necesidad de definir un Plan de reordenamiento y control del padrón de cooperativas y mutuales”, señaló el INAES en un comunicado oficial.
El 27 de marzo de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno suspendería la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, lo que afectaría a más de 11.000 entidades. Detalló que la medida “se tomó tras detectar múltiples irregularidades, como la falta de presentación de balances y asambleas, y la repetición de asociados y domicilios entre las cooperativas”. La cifra se vuelve aún más relevante si se considera que, sumando las cooperativas ya suspendidas y las que están “en proceso de suspensión y sumarios”, se alcanza un total de 16.473.
Según la documentación oficial a la que accedió este medio, antes de que el Frente de Todos dejara el poder, el 10 de diciembre de 2023, se inscribieron cientos de cooperativas, algunas de las cuales fueron beneficiadas con contratos y convenios desde la ex cartera de Desarrollo Social.
El relevamiento del INAES determinó que para las entidades inscriptas en 2023, y considerando que no se había vencido el plazo para la presentación de la documentación de sus asambleas y balances, se procedió a realizar relevamientos de todas ellas. Más de la mitad no pudieron ser realizados por no encontrar a las entidades o por falta de respuesta de estas, hechos que, según explicaron los funcionarios, “va a derivar en la suspensión de dichas entidades y la apertura de los correspondientes sumarios”.
Por otra parte, los relevamientos revelaron “la existencia de personas asociadas a cinco o más cooperativas de trabajo (el caso más extremo es de 14)”, una situación descrita como “por demás irregular, ya que se supone que ser parte de una cooperativa de trabajo implica que los asociados aportan su fuerza de trabajo a la entidad para prestar los servicios y/o producir los bienes que hacen a su objeto social. Esto se torna imposible formando parte de tantas entidades, en varios casos con objetos sociales distintos y lugares de radicación distantes”.
Cabe consignar que más de ocho mil cooperativas de trabajo ya fueron suspendidas por graves irregularidades. El INAES también apuntó a las entidades vigentes que estaban registradas hasta 2022 y que no habían presentado la documentación obligatoria desde 2017, o desde su creación si esta fue posterior a esa fecha. Para estas entidades, el instituto emitió una intimación clara: debían regularizar su situación o enfrentar consecuencias legales.
Hasta el momento, se encuentran en proceso de suspensión operativa y sumarios un total de 7.887 cooperativas y 418 mutuales. Estas organizaciones no solo deben presentar la documentación requerida, sino que también corren el riesgo de perder definitivamente su autorización si no cumplen con los requisitos establecidos.
A las organizaciones sociales que manejaban Emilio Pérsico, Juan Grabois y Juan Carlos Alderete fueron derivados cientos de millones de pesos a través del INAES y la Secretaría de Economía Social que conducía el mismo Pérsico.
“Para todas aquellas entidades que no regularicen su situación en el correspondiente sumario, se procederá con el retiro de la autorización para funcionar”, advirtió en ese momento el organismo nacional de control.
Desde el INAES se observó que “el proceso de reordenamiento en cooperativas y mutuales no solo busca depurar un registro que, por años, se infló sin control, sino también restablecer la confianza en un sector que es fundamental para la economía social del país”. Los funcionarios consultados también destacaron que “el plan de acción del INAES continúa con el objetivo de recuperar la legalidad y transparencia en un sector que operó en la oscuridad y sin control”.