En diversos sectores del mutualismo argentino ha llamado poderosamente la atención el contenido de la Resolución 532/2022, surgida del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Políticas e Inclusión en el Mundo Laboral. Dicha normativa hace referencia al programa “Erradicación de la Violencia y el Acoso Laboral en el sector Cooperativo y Mutual”, el cual — según se indica — apunta a acabar con la violencia y el acoso en mutuales, cooperativas, federaciones y confederaciones (¡¡??).
De acuerdo con lo que señala la información oficial, los destinatarios del programa son los trabajadores del asociativismo que pertenezcan a entidades registradas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La iniciativa surge del convenio sobre violencia y acoso firmado entre la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el Ministerio.
Lo extraño de todo esto es que la presentación de este programa contra la violencia en el asociativismo estuvo a cargo del ministro de Trabajo de Nación, Claudio Moroni; el presidente del INAES, Alexandre Roig, y la representante en Instituciones de Mercado de Trabajo Inclusivo de la OIT, Elva López Mourello.
Lo cierto de todo esto es que en el ámbito del mutualismo argentino, no se han registrado (o, por lo menos, no han tomado estado público) denuncias sobre violencias o acosos laborales contra trabajadores de las entidades del sector.
Pero la información no indica que en la presentación y/o elaboración de este programa haya participado la dirigencia del mutualismo argentino. En función de lo señalado, surge la conclusión de que desde el gobierno, incluyendo al INAES, se están adoptando medidas que afectan al mutualismo, sin efectuar consultas previas a este sector de la economía social.
La adopción de decisiones que afecten a un sector de la comunidad argentina, sin que exista la consulta previa a la parte interesada, refleja una actitud gubernamental no acorde con el sistema democrático imperante.