La causa judicial por la venta irregular de la sede de la Sociedad Mutual de Músicos de Concordia avanza hacia un juicio abreviado y la posible devolución del inmueble, ubicado en calle Sarmiento 563. Sin embargo, la situación de Carlos Alcides “Corcho” González, tesorero de la institución, y el futuro del patrimonio de la mutual continúan en el centro de la discusión.
El Fiscal José Arias imputó en la causa al presidente de la mutual, Mariano Guerrero; a la secretaria, Delia Catalina Martínez; al tesorero, Carlos González; y al empresario Guillermo Schmid, titular de la empresa Infinet SAS, quien adquirió el inmueble a finales de 2023.
Según fuentes judiciales, Guerrero y Martínez habrían aceptado firmar un juicio abreviado y reconocer su culpabilidad a cambio de una condena de 3 años de prisión en suspenso, lo que evitaría el cumplimiento efectivo de la pena. La homologación de este acuerdo está aún pendiente.
En cuanto a Schmid, el empresario habría accedido a devolver la propiedad, aunque exige la restitución de los 50 mil dólares hallados en la casa del tesorero González y otros 17 millones de pesos secuestrados por la Justicia. No obstante, la devolución presenta un obstáculo clave: Guerrero y Martínez se niegan a firmar el distracto que anule la escritura de la venta. De mantenerse esta postura, la devolución solo sería posible si se interviene previamente la mutual.
Mientras tanto, la situación de Carlos González, tesorero de la entidad, se torna cada vez más comprometida. González es responsabilizado por la “desaparición” de más de 25 mil dólares y enfrenta una posible elevación a juicio si no acuerda un juicio abreviado.
La venta bajo sospecha: irregularidades y maniobras
La investigación reveló múltiples irregularidades en la venta del inmueble. Documentos judiciales indican que, en 2009, la propiedad fue tasada en 250 mil dólares, pero 14 años después fue vendida por apenas 15 millones de pesos, equivalentes a unos 20 mil dólares al momento de la transacción. Además, la decisión de vender la sede fue tomada en una asamblea plagada de anomalías.
Según testimonios obtenidos por la fiscalía, al menos siete socios negaron haber participado de dicha reunión, pese a que sus nombres figuran en el acta. Incluso aparece el nombre de Silvio Diez, un joven asesinado en enero de 2022, meses antes de la votación. Estas inconsistencias refuerzan las sospechas de que la documentación fue manipulada para simular consenso.
La fiscalía también detectó graves irregularidades en los libros de actas de la mutual, con hojas arrancadas, pegadas y correcciones que dificultan su autenticidad. Esta situación, sumada a las denuncias de exclusión de socios y la reducción deliberada del padrón desde 2003, configura un cuadro de administración fraudulenta que habría permitido concretar la venta a un “precio vil”.
Guillermo Schmid, señalado como partícipe necesario de la maniobra, declaró ante los medios que adquirió la propiedad “de buena fe” y negó cualquier vínculo con los directivos de la mutual. Según sus dichos, pagó 90 mil dólares por el inmueble, aunque la escritura consigna un pago de 15 millones de pesos realizado sin boleto de compraventa ni certificación ante escribano.
La fiscalía sostiene que Schmid no podía desconocer las irregularidades detrás de la transacción, considerando el valor irrisorio del inmueble y el quebrantamiento financiero que atravesaba la mutual.