La decisión del mutualismo de Santa Fe de apostar al diálogo y la construcción de consenso político para reparar la injusta e ilegítima aplicación del impuesto a los Ingresos Brutos a servicios que brindan las entidades del sector, parece –por fin– encontrar eco. La Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un proyecto que, si bien no significa cumplir el propósito de desterrar la aplicación del tributo, sí garantiza que al menos parte de lo recaudado deje de engrosar las “rentas generales” estatales y retorne más efectivamente a las ciudades y pueblos donde la acción cotidiana de las mutuales se valora como vital para el desarrollo comunitario.
La iniciativa aprobada en Diputados establece que las mutuales que desarrollan actividades deportivas por sí mismas o en convenios con otras entidades y pagan Ingresos Brutos, podrán acceder a un “crédito fiscal que no podrá exceder el 50 por ciento del importe a abonarse”.
EL DESTINO DEL CRÉDITO FISCAL
La iniciativa añade que “el importe de ese crédito fiscal será destinado a la construcción, mejora o ampliación de la infraestructura edilicia, a la adquisición de implementos y materiales que resulten útiles para la práctica de los deportes o actividades que allí se realizan, a la organización o realización de eventos y en general para la realización de cualquier actividad que resulte de interés para dicha entidad deportiva”.
El proyecto además habilita que las mutuales no vinculadas al deporte que también pagan el tributo puedan acceder al mismo crédito fiscal para destinarlo a “asociaciones, entidades de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas que elijan, cumpliendo determinados requisitos».
El texto con media sanción fue presentado en Diputados por la legisladora socialista Lorena Ulieldin y ahora los dirigentes mutualistas esperan la aprobación del Senado santafesino. En rigor, no sólo esperan. También gestionan ante legisladores de distintos bloques el apoyo necesario para completar un primer paso en pos de subsanar la irregularidad que sufren desde hace más de dos décadas, cuando el por entonces gobernador Carlos Reutemann y su ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, decidieron aplicar Ingresos Brutos a los servicios mutuales de ayuda económica, farmacia y proveeduría, pese a que la provincia de Santa Fe había adherido a la Ley Nacional de Coparticipación Federal de 1998, que establece la exención del pago de ese tributo para las entidades de la Economía Social.
RECLAMO CONJUNTO DE LAS DOS FEDERACIONES
Desde entonces, las dos federaciones provinciales –la de Entidades Mutualistas, con sede en Rosario y la Brigadier López, asentada en Santa Fe– iniciaron un camino de reclamos y propuestas ante funcionarios y legisladores que podrían haber dejado de lado –y todavía pueden– para acudir a la Justicia.
En este sentido, hay precedentes que alientan esa posibilidad, como por ejemplo el aval de la Corte Suprema de Tucumán a la presentación de mutuales de esa provincia para dejar de pagar el tributo.
En Santa Fe, en cambio, las federaciones coincidieron en transitar la vía política y apelaron a la constancia y la paciencia para sostenerla, hasta el momento sin resultados positivos. Amagues de respuesta oficial hubo varios y tanto del Justicialismo como del Frente Progresista cuando les tocó gobernar. Sin embargo, la reciente media sanción al proyecto que presentó Ulieldin es el primer avance concreto que se completaría con la aprobación en Senadores.
PRIORIZAR SIEMPRE EL DIÁLOGO Y EL CONSENSO
“Sabemos que tenemos la alternativa judicial, pero siempre priorizamos el diálogo y la búsqueda de consenso porque lo que queremos es un reconocimiento a la identidad solidaria y la importancia de la acción cotidiana de nuestras entidades”, argumentan los mutualistas respecto de la actitud adoptada.
“No se trata de un mero reclamo contra el pago de un impuesto, no está en nuestra esencia priorizar lo sectorial en medio de las sucesivas crisis generales que fue viviendo el país. Pero es hora de poner en valor nuestra condición de entidades con fines solidarios, de ayuda mutua, y entender que el ahorro que tendrán las mutuales con la exención de Ingresos Brutos no va a ser depositado en cuentas en el exterior ni volcado a la especulación financiera, sino que va a volver a las comunidades en las que prestamos servicios, a las economías regionales, al bienestar de la gente”, razonan desde la federación del sur santafesino quienes están al frente de la movida, desde una Junta Ejecutiva conformada por referentes como Víctor Rossetti, Marcelo Bloch, Carlos Corbella, Ricardo Zimaro y Santiago Serrati.
“Lo que venimos pagando por este impuesto que no corresponde, pasará a la historia como un aporte más a nuestra provincia, que tiene en Rosario a la Capital Nacional del Mutualismo y debe ser la primera en reconocer el valor de los servicios que prestan sus mutuales”, añaden los referentes locales, que realzan la importancia de la coordinación de ideas y fuerzas lograda en los últimos años con la federación Brigadier López, a la vez respaldada por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) e incluso por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
APLICAR INGRESOS BRUTOS ES UN CONTRASENTIDO
Desde todos esos ámbitos, la aplicación de Ingresos Brutos a servicios de mutuales se equipara con los intentos registrados a nivel nacional de cobrarles Ganancias, que chocaron contra una férrea y activa oposición del conjunto de la Economía Social.
En el último embate de ese tipo, durante el gobierno de Mauricio Macri, los dirigentes del mutualismo resaltaron el “doble discurso” de referentes políticos provinciales, que votaron en contra de la aplicación de Ganancias pero siempre esquivaron responder sobre Ingresos Brutos.
“Acá seguimos con Ingresos Brutos, cuando aplicarlo es un contrasentido aún mayor que el de Ganancias, porque ni siquiera depende de si a la entidad gravada le va bien o le va mal”, remarcaron, con la esperanza de ver ratificada la primera señal de comprensión que implica la reciente aprobación legislativa de la propuesta a la que califican como “una transición” hacia su máximo objetivo.