El proyecto de creación del IPACYM bonaerense tiene “cierto grado de inconstitucionalidad”

ASI LO DETERMINA UN DICTAMEN JURIDICO
DE ONCE ASESORES LEGALES DEL INAES

Escribe ROBERTO MOLINA

El proyecto de ley de creación de lo que apunta a ser el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM) bonaerense parece que tiene “cierto grado de inconstitucionalidad”, según se determina en un dictamen jurídico elaborado por once asesores legales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La novedad se conoció hace pocos días, luego de que el referido dictamen jurídico tuviera ingreso en el organismo correspondiente a los efectos de su consideración. Y esto significaría poner blanco sobre negro, en torno del proyecto de ley bonaerense que ha motorizado el senador Roberto Costa y que tiene un tufillo político evidente, además de otros significativos trasfondos que involucran a personajes conocidos.

De lo expresado más arriba se desprende que si el referido proyecto de ley, que ya ingresó al Senado bonaerense, tiene cierto grado de inconstitucionalidad, puede quedar en situación de vulnerabilidad si termina convirtiéndose en ley. Y, si esto se concretara, sería un gran papelón para quienes han impulsado este proyecto.

En el dictamen se considera “loable la creación de dicho Instituto, no solamente por sus funciones sino por su composición colectiva y la participación del movimiento cooperativo y mutual (sistema similar al de la Autoridad de Aplicación)”.

EL ESTADO PROVINCIAL NO PUEDE ARROGARSE EL
EJERCICIO DE FUNCIONES DE FISCALIZACION PUBLICA

Pero se añade que “algunas de las facultades, especialmente las referidas a la acción política fuera del territorio nacional, así como las de fiscalización pública, respetando el poder de policia que cada provincia tiene asignado, conllevan cierto grado de inconstitucionalidad, atento a que el artículo 100 de la ley federal 20337 establece cuales son las funciones que son delegadas y hasta tanto ellas se materialicen no pueden ser sustituidas por ejercicios propios de la fiscalización local, que pueden desarmonizar y desvirtuar el poder de alcance en fiscalizaciones realizadas por la Autoridad Nacional”.

Los once abogados del INAES que firman este dictamen jurídico expresan en otro párrafo: “Opinamos que el estado provincial no puede arrogarse per se el ejercicio de las funciones de fiscalización pública que se han expresamente puesto en cabeza de la Nación, a través de la Ley 20337, hasta tanto no sea el mismo Estado Nacional quien manifieste de modo inequívoco su voluntad de realizar tal delegación. Es decir, no se pueden asumir facultades que no han sido delegadas”.

Y agregan seguidamente que “si esto es asi respecto de las cooperativas, la situación es aún mucho más evidente y delicada respecto de las mutuales. En efecto, la Ley 20321 no prevé ningún tipo de delegación en materia de facultades de control público de las entidades, las que han sido otorgadas de modo exclusivo al Estado Nacional. Es por ello que los convenios que en materia mutual se celebran entre la Nación y las provincias, son exclusivamente de colaboración”.

“De alli — se añade — que toda cuestión que implique la realización de cualquier aspecto de la fiscalización pública por parte de un organismo local significa una transgresión flagrante a lo dispuesto por el artículo 31 de nuestra Ley Fundamental, ya que no respeta la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por sobre la legislación provincial”.

LAS MATRICULAS PROVINCIALES NO SON RECONOCIDAS,
NI TIENEN INCIDENCIA EN EL ORDEN NACIONAL

Hasta aqui, las definiciones de este dictamen jurídico son contundentes y dejan en falsa escuadra al referido proyecto de ley. Pero hay otras consideraciones que si son tenidas en cuenta, obligarán a introducir modificaciones en el texto a aprobarse.

Al referirse a las facultades otorgadas al Directorio del futuro organismo provincial, se señala que “en el inciso 13, que consigna la facultad de crear los registros provinciales de cooperativas y mutuales, no cabe otra interpretación que dichos registros son de naturaleza interna, en función de que solo las matrículas nacionales otorgadas por la autoridad de aplicación, son las que conceden el status jurídico de las cooperativas y mutuales  en todo el territorio de la Nación”.

Se agrega seguidamente que “contando con ello (se refiere a las matrículas nacionales de cooperativas y mutuales) podrán ejercer todas aquellas operaciones que impliquen el cumplimiento de su objeto al poder inscribir ante la AFIP y obtener cuentas bancarias, por ejemplo, atento a que las matrículas provinciales no son reconocidas, ni tienen incidencia en el orden nacional”.

El dictamen objeta también las cuestiones referentes al Mercosur Cooperativo y, quizás en el futuro Mutual, que han sido incluidas en el proyecto de ley y señala que “los asuntos comunes de los estados miembros, no pueden ser subrogados por órgano representante alguno de provincia”.  Este aspecto está incluido en el inciso 7 y si se aplica el sentido común, lo lógico sería su eliminación.

EL PROYECTO DE LEY BONAERENSE HA SIDO MOTORIZADO POR
QUIENES NO CONOCEN LA REALIDAD DE LA ECONOMIA SOCIAL

En su parte final, se expresa que “el proyecto en cuestión, solo tiende a confundir las facultades otorgadas y complicar el ejercicio de la fiscalización pública en la provincia de Buenos Aires, por parte de la autoridad de aplicación en materia cooperativas, más en casos graves y puntuales. Esperamos que los autores del proyecto sepan comprender las observaciones aqui formuladas, que de mantenerse resultan en la práctica inviables, sin perjuicio de su inconstitucionalidad”.

Como conclusión, todo lo aqui señalado no hace más que corroborar lo expresado por quien esto escribe,  en un artículo anterior, en el sentido de que el proyecto de ley bonaerense de creación del IPACYM, ha sido motorizado por personas que poco y nada conocen de la realidad de las entidades de la economía social.

21/05/2017