Juan José Sagardía y su mirada sobre la problemática de los servicios de salud brindados por las obras sociales

El señor Juan José Sagardía (foto), presidente de la Asociación Mutual Jerárquicos Salud, de la ciudad de Santa Fe, nos hizo llegar esta nota, titulada Jubilados a Obras Sociales,  relacionada con la problemática de los servicios de salud a jubilados que brindan las obras sociales regidas por la Ley 23660/89. El siguiente es el texto completo de dicho artículo:

En 2005, a través del Decreto 292/05, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó a las obras sociales que se rigen por la Ley 23.660/89 que permitan a los asalariados que optaron en actividad por una obra social inscripta para prestar el servicio de salud a jubilados, que continúen con esa obra social y mantengan el mismo servicio de salud, que tenían hasta el momento de jubilarse.

De esta manera, se cumple lo dispuesto en la Ley 23.660 de Obras Sociales en los artículos 8, 16 y 20 donde se establece que los aportes descontados de los haberes jubilatorios se transfieran a la obra social seleccionada por el jubilado.

¿Cuál es la realidad? Dentro de la disposición resuelta por el Ejecutivo Nacional (Decreto 292/05) se deja sin efecto y sin fundamento alguno lo dispuesto en la ley antedicha (23660/89) y se establece que las obras sociales de jubilados recibirán una cápita determinada por los ministerios de Salud, Trabajo y Economía.

Desde enero de 2013 a la fecha (sólo 6 años y 3 meses) se estableció una cápita de $192 sobre un promedio de aportes de $ 2.500. Dicha diferencia se le deposita al PAMI (quien no presta el servicio) o lo retiene ANSES. Aunque esto no es fácil determinar. Además, y por si fuera poco, se quedan con los aguinaldos semestrales.

Las obras sociales que se adhirieron a la resolución del Gobierno no pueden hacerse cargo del servicio de salud con un aporte de $192 y un subsidio que usan a discreción. Nunca van a alcanzar a cubrir los gastos lógicos de los jubilados.

Los jubilados pretendemos que se respete la Ley 23.660 que determina que los aportes descontados de los haberes de la jubilación lleguen a la obra social que le presta el servicio de salud y no que vaya a PAMI, quien nos da de baja del padrón y no nos brinda ninguna prestación, a pesar de que recibe el 90% de nuestros aportes obligatorios.

Nos preguntamos entonces, ¿por qué es tan difícil transferir el 100% de los aportes que descuentan de los haberes jubilatorios? ¿Cómo se hace cuando uno está en actividad? ¿ANSES transfiere a la obra social el 100% de los aportes y contribuciones?

En este caso, el dinero está transferido a PAMI que no es la obra social que atiende a estos jubilados y se benefician con el sacrificio económico y el impacto que ello significa a la economía familiar de cada jubilado.

En este caso, los jubilados que hemos optado libremente por una obra social de la Ley 23660 que está vigente y que no tomamos el servicio de PAMI, somos objeto por parte del Ejecutivo Nacional de una manifiesta gravedad institucional que lesiona y genera un cercenamiento al derecho de la propiedad y agrede el derecho de la salud, concepto determinado en nuestra Constitución Nacional.

El derecho a la salud es determinante en la Constitución Nacional, lo cual está confirmado en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La pregunta es ¿por qué el Poder Ejecutivo de la Nación, que es quién debe aplicar lo resuelto en la Constitución Nacional, quien debe respetar las Leyes Vigentes, tergiversa el sentido común de las cosas?

Concretamente, los jubilados de obras sociales reclamamos el total de nuestros aportes, no queremos subsidios. Conclusión: el Poder Ejecutivo Nacional nos sustrae nuestros genuinos aportes y subsidia a PAMI, quien tiene infinitos recursos.

¿Podrán explicar en qué Ley está determinado incautar los aportes que los jubilados hacemos mensualmente para la obra social seleccionada? Es una apropiación indebida e ilegítima a cada jubilado, vulnerando el derecho elemental a la salud, teniendo ese aporte un destino preciso y determinado.

¿Podrá ser que un fiscal de la justicia entienda que el Estado Nacional sustrae indebidamente los aportes de los jubilados a la obra social que le da el servicio de salud, sin ningún justificativo legal y lo entrega al PAMI? No existe una conformidad del aportante jubilado para que así se administren sus aportes.

Señores del Poder Ejecutivo Nacional, señores representantes de la Justicia, señores políticos, dejen de meternos la mano en el bolsillo, somos jubilados, merecemos respeto. Que el Señor nos bendiga ante tal tropelía.

Juan José Sagardía
Presidente